IUna familia con uniforme
Esta investigación documenta la operación de una red criminal transnacional dirigida por la familia Uscanga Cueto y operada en su núcleo ejecutivo desde el interior de la Guardia Nacional de México. La red mueve un estimado de mil ochocientos millones de dólares anuales mediante cuatro líneas de negocio que se ejecutan en paralelo sobre cada víctima capturada: cobro del cruce hacia Estados Unidos, extorsión a familiares en territorio estadounidense, venta de migrantes al Cártel Jalisco Nueva Generación, y uso forzado de personas como mulas para tráfico de fentanilo. Cada una de estas vertientes está documentada en testimonios firmados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, expediente FGJNL-022476/2019, y en operativos federales de rescate ejecutados entre 2019 y 2022.
La denuncia central de este reportaje no es la existencia del cártel. Es el hecho de que la cabeza operativa del cártel —Juan José Palacios Maymon, alias Palacios o El Tío, nacido el 28 de julio de 1986— y su cuñado, José Vicente Uscanga Cueto, nacido el 3 de abril de 1991, son miembros activos de la Guardia Nacional, adscritos al aeropuerto de Monterrey desde la era de la extinta Policía Federal. Vestían uniforme de la corporación armada del Estado mexicano mientras ordenaban ejecuciones, recibían sobornos, controlaban casas de seguridad, y dirigían el tráfico aéreo de fentanilo hacia Estados Unidos.
La líder estratégica es Erika Lizbeth Uscanga Cueto, alias Karla, nacida el 13 de marzo de 1986, esposa de Palacios y hermana de José Vicente. Identificada en testimonios firmados como la operadora que recibe los pagos, autoriza las ejecuciones, y dicta personalmente las amenazas a los familiares de las víctimas en Estados Unidos. La arquitecta financiera del esquema es Esperanza Cueto Migliolo, nacida el 6 de julio de 1966, madre de Erika Lizbeth y de José Vicente, residente en Allende Norte 287, Colonia Miguel Alemán, Veracruz.
IILa cadena de mando
La operación criminal de la familia Uscanga Cueto fue posible porque tres figuras concretas, en tres niveles distintos del aparato federal mexicano, lo permitieron. La presidencia construyó la institución sin filtro de antecedentes. La inteligencia ignoró el esquema financiero. La corporación armada protegió a sus propios miembros.
Nivel 01 · La presidencia
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2024, fundó la Guardia Nacional el 27 de junio de 2019 mediante reforma constitucional, absorbiendo la extinta Policía Federal sin filtro de antecedentes ni revisión de averiguaciones previas. Tres meses antes, el 1 de marzo de 2019, las fuerzas federales habían rescatado a setenta y cuatro víctimas en Apodaca, Nuevo León, en un operativo donde dos de los líderes de esta red ya estaban señalados. Fueron incorporados a la nueva corporación de cualquier manera.
Bajo su sexenio, las denuncias contra estos miembros activos fueron sistemáticamente archivadas durante seis años. La presidencia tenía mando directo sobre la corporación armada que albergaba a los responsables y omitió investigarlos. Esto no constituye una opinión política: es responsabilidad institucional documental.
Nivel 02 · La inteligencia
Audomaro Martínez Zapata, designado por López Obrador como Director del Centro Nacional de Inteligencia para el periodo 2018-2024, encabezó la dependencia mexicana responsable de inteligencia estratégica sobre crimen organizado, flujos financieros ilícitos, y amenazas a la seguridad nacional. El CNI tiene jurisdicción técnica para detectar redes operadas desde el interior del Estado mexicano. Reporta directamente al titular del Ejecutivo.
Durante todo el sexenio, ochocientos cobradores estructuraron remesas vía Banco Azteca, Coppel, y Western Union por un monto agregado estimado en cuarenta y ocho millones de dólares anuales. Quinientas cuentas bancarias activas, ninguna superando dos millones de pesos, todas operando bajo el umbral de reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Diez propiedades adquiridas en efectivo cada mes vía notaría coludida en Medellín de Bravo, Veracruz. Una tonelada de fentanilo introducida a Estados Unidos en 2021. Cero alertas emitidas por la inteligencia mexicana. Cero detenciones de los líderes. Cero designaciones internacionales propuestas al Departamento del Tesoro estadounidense.
Nivel 03 · La corporación armada
Juan José Palacios Maymon y José Vicente Uscanga Cueto fueron incorporados a la Guardia Nacional desde la Policía Federal sin revisión de antecedentes. Adscritos al aeropuerto de Monterrey, controlaron desde dentro del aparato del Estado el cruce final hacia Estados Unidos. Operaron los aeropuertos del país para tráfico de migrantes y de fentanilo. Pagaron personalmente sobornos semanales de un millón de pesos por plaza a fiscalías regionales. Mandaron ejecutar a quienes intentaron salir de la red. Vendieron geolocalización y sábanas de llamadas al Cártel Jalisco Nueva Generación. Estuvieron en la nómina formal del cártel mientras vestían el uniforme institucional.
A pesar de cientos de denuncias archivadas en su contra y rescates federales documentados con sus víctimas señalándolos directamente, ninguno fue dado de baja, investigado por Asuntos Internos, ni perdió su credencial. La corporación armada del Estado mexicano protegió la operación criminal de sus propios miembros.
IIILa familia Uscanga Cueto
Esta no es una organización de cien personas. Es una estructura familiar de diez integrantes operando en cuatro niveles jerárquicos. Tier 01 es la madre, Esperanza Cueto Migliolo, arquitecta financiera y reclutadora del sistema de cobradores. Tier 02 son sus tres hijos: Erika Lizbeth Uscanga Cueto en el centro estratégico; Juan José Palacios Maymon, su esposo, en el control operativo de fronteras; y José Vicente Uscanga Cueto en el control aeroportuario y narcotráfico.
Tier 03 son tres operadores de confianza extra-familiares. Jorge Luis Olvera Uscanga, primo de los hermanos, nacido el 3 de mayo de 1990, encargado de traslados y cobros, único miembro detenido en el operativo de 2019 y liberado meses después mediante sobornos pagados por Erika Lizbeth para evitar que declarara. Miguel Ángel Vázquez, chofer y bodeguero, identificado en redes sociales como TikTok @miguelvazquez553, único individuo que conoce la totalidad de las casas de seguridad de la red en toda la república mexicana. Arturo Ignacio Moreno Cantellán, alias El Rey del Fusil, nacido el 23 de septiembre de 1985, operador exclusivo del taller de falsificación documental ubicado en el tercer piso de un edificio en Papaloapan Poniente 295, Hacienda Sotavento, Veracruz, código postal 91698. Su celular personal es 2291 154155. Su correo electrónico operativo es arturoignacio1985 en gmail. Su esposa, Angélica Montiel Morales, opera como cobradora dentro de la red de Esperanza.
Tier 04 son tres empleados ejecutados por la organización por intentar abandonar la red. Hugo Ricardo Ramos Silva, originario de Monterrey, Nuevo León, maestro de Zumba, operador de una red paralela de más de cien cobradores en el área metropolitana regiomontana. Ernesto Alberto Jiménez Martínez, nacido el 7 de noviembre de 1982, chofer y bodeguero en Villahermosa, Tabasco. Ernesto Muñoz Maymon, nacido el 27 de julio de 1981, primo de Juan José Palacios Maymon, asesinado por su propio primo. Su viuda, identificada en testimonios como Yuliana, fue forzada bajo coerción a continuar operando una línea de treinta cobradores sin compensación tras el homicidio de su esposo.
IVLa fábrica de identidades
Sin la fábrica de Hacienda Sotavento, no hay vuelos Viva Aerobus, no hay cruces en autobús, no hay rentas de bodegas, no hay menores traficados, no hay cuentas bancarias paralelas. La fábrica es la pieza de infraestructura que sostiene cada nodo del sistema. Y nada de esta producción documental fue detectada por el Centro Nacional de Inteligencia bajo Audomaro Martínez Zapata durante seis años de operación continua.
El taller produce trece tipos distintos de documentos apócrifos clasificados por uso operativo. Categoría identidad: credencial INE y licencia de conducir, utilizadas para abordaje en vuelos de Viva Aerobus y autobuses ADO sin cuestionamiento. Categoría migración: tarjeta de residente permanente del Instituto Nacional de Migración y formato migratorio FMM, emitidos idénticos a los oficiales, permiten libre tránsito por territorio mexicano sin detención en retenes federales. Categoría pasaporte: pasaporte multipaís disponible para casos donde el cruce involucra vuelo internacional o requiere identidad sólida.
Categoría menores, marcada en color rojo en el catálogo interno de esta investigación porque está vinculada explícitamente a tráfico infantil: CURP de menor, acta de nacimiento, y credencial escolar, los tres documentos que generan identidad legal a un niño usado para venta a redes de explotación o presentación en cruces fronterizos como hijo legítimo de un adulto cualquiera. Categoría evasión: certificado de embarazo apócrifo, con función específica documentada de permitir a mujeres llevar dinero pegado al cuerpo en aeropuertos sin ser escaneadas con rayos X. Categoría vehículos: factura apócrifa de auto y de tráiler, para deslindarse rápido en caso de decomiso. Categoría propiedades: identidad para arriendo, suplantación documentada para alquilar las casas que sirven de bodegas. Categoría banca: identidad para apertura de cuentas, soporta el sistema de structuring con quinientas cuentas activas, ninguna sobre el umbral de alerta del SAT y de la UIF.
Cada documento se produce en cinco minutos. El taller opera veinticuatro horas al día. La capacidad teórica máxima es de doscientos ochenta y ocho documentos por día por operador, lo que se traduce en aproximadamente ciento cinco mil piezas anuales. Esta capacidad documental es la que permite que el sistema procese diez mil personas diarias en sus bodegas a nivel república, alimentando todas las demás líneas de negocio.
" Tener un taller de falsificaciones abierto las veinticuatro horas del día les ha permitido consolidarse como la única organización criminal que vende el pase para atravesar todo México. · Cita textual del expediente consolidado
VEl esquema financiero
El esquema financiero está diseñado por ingeniería contable, no por azar. Cada cobrador recibe un máximo de cinco mil dólares mensuales para mantenerse por debajo del umbral de reporte automático del Bank Secrecy Act estadounidense. Multiplicado por ochocientos cobradores activos durante doce meses, el flujo agregado anual asciende a cuarenta y ocho millones de dólares estructurados específicamente para evadir la generación de Suspicious Activity Reports en instituciones financieras estadounidenses o sus corresponsales bancarios en México.
Los cobradores son reclutados por Esperanza Cueto Migliolo desde su domicilio en Veracruz mediante coacción a familiares y amigos cercanos. Operan con cinco cuentas bancarias cada uno en Banco Azteca, Coppel, BBVA Bancomer, Scotiabank, y Western Union, totalizando aproximadamente quinientas cuentas activas en la red. Ninguna cuenta supera la cifra histórica de dos millones de pesos mexicanos, umbral que activaría reportes automáticos a la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana. Cada cobrador recibe quinientos pesos por cada mil dólares estadounidenses recogidos. Las víctimas-receptoras son personas físicas autorizadas a recibir hasta cinco mil dólares al mes antes de ser bloqueadas y reactivadas el mes siguiente para simular un patrón de remesas familiares legítimas.
El producto del flujo es consolidado en bodegas centrales en Veracruz vía traslado físico de efectivo en líneas de autobús ADO desde Villahermosa, Monterrey, y otras plazas. Una vez consolidado, es lavado a través de la compra de propiedades en efectivo en una notaría coludida ubicada en Medellín de Bravo, Veracruz. La cadencia documentada es de diez propiedades adquiridas mensualmente, registradas a nombre de familiares sin ingresos comprobables, principalmente Esperanza Cueto Migliolo y su esposo, José Vicente Uscanga Cueto, y Arnulfo Palacios, padre de Juan José Palacios Maymon, obrero de la empresa Talleres Navales del Golfo SA de CV de Veracruz, cuyo sueldo formal de obrero naval no tiene capacidad financiera para sostener las múltiples propiedades registradas a su nombre. Esta es una configuración textbook de testaferro inmobiliario bajo 18 USC § 1957.
VIEl testimonio
El núcleo testimonial de esta investigación es el acta firmada por una víctima rescatada el 1 de marzo de 2019 en Apodaca, Nuevo León, en el operativo federal donde fueron liberadas setenta y cuatro personas. Marhian Alexa Villalobos Rodríguez, dieciséis años, originaria de Honduras, viajaba con su tía Kleymer Ivett Rodríguez Altamirano, veinticinco años, y la hija de su tía Ivett Nicolle Herrera Rodríguez, tres años. La familia pagó tres mil dólares al coyote en Tegucigalpa el 25 de enero de 2019 para llegar hasta México. Iban a reunirse con la madre de la niña en Estados Unidos.
Tras ocho días de cautiverio en una bodega en Villahermosa, donde personal del taller de Hacienda Sotavento les produjo identificaciones falsas, fueron trasladadas en camioneta al aeropuerto de Villahermosa y embarcadas en un vuelo de Viva Aerobus a Monterrey con boletos comprados por la empleada en nómina de la red en el aeropuerto de Veracruz. Al llegar a Monterrey fueron recibidas por personal de la organización en camionetas tipo Mini Van y trasladadas a una casa de seguridad blanca de dos pisos en Apodaca. Permanecieron allí dos días, fueron movidas a otra bodega cinco días, y luego a la bodega final donde fueron rescatadas.
El día catorce de cautiverio, Erika Lizbeth Uscanga Cueto realizó la primera llamada telefónica al encargado de la casa, exigiendo que el grupo pagara una deuda de cuarenta y dos mil dólares atribuida al coyote Omar, equivalente a mil trescientos dólares por persona. Marhian alcanzó a comunicarse con su hermana en Estados Unidos, quien depositó tres mil novecientos dólares al día siguiente. El día dieciséis, Erika realizó la segunda llamada exigiendo cuatrocientos dólares adicionales por persona en concepto de alimentos, depositados de inmediato. El día dieciocho, Erika ordenó al encargado, identificado como Fabricio, hacer la tercera llamada, esta vez con la amenaza máxima documentada en el acta firmada: si los familiares en Estados Unidos no pagaban diez mil dólares adicionales, le serían extraídos los órganos a la niña de tres años para ser vendidos. Posteriormente, Erika exigió diez mil dólares más para la liberación de Marhian.
La hermana de Marhian no tenía más dinero. Llamó al esposo de la víctima en Estados Unidos para que reportara el caso a las autoridades estadounidenses. El reporte fue cruzado con inteligencia federal mexicana y derivó en el operativo del 1 de marzo de 2019. Al rescate llegaron, además de Fabricio, un segundo guardián identificado como Jorge. Cuando vieron a las fuerzas federales aproximarse, ambos huyeron del inmueble. Marhian declaró textualmente, en el acta firmada ante la Fiscalía Antisecuestros de Nuevo León, palabra por palabra: a veces iba un señor el cual era esposo de Karla, y decían que era el jefe, a él le llamaban Palacios, es muy blanco y muy robusto, mide aproximadamente uno setenta y cinco metros, no usa barba ni bigote, tiene aproximadamente treinta y un años, el cabello lo tiene colocho rizado color castaño oscuro, siempre traía un reloj de oro.
Esta descripción física firmada en 2019 aparece convergente con descripciones registradas en docenas de testimonios de otros expedientes contra los mismos tres líderes durante los siguientes cinco años, incluyendo el rescate del 27 de agosto de 2019 en Guadalupe, Nuevo León, donde fueron liberadas cincuenta personas adicionales incluidos catorce menores. Ningún rescate derivó en detención ni proceso contra Erika Lizbeth Uscanga Cueto, Juan José Palacios Maymon, ni José Vicente Uscanga Cueto. El primo, Jorge Luis Olvera Uscanga, fue el único formalmente detenido en 2019. Fue liberado meses después mediante sobornos pagados por Erika Lizbeth para evitar que declarara contra la familia.
VIIEl marco legal estadounidense
La denuncia consolidada presentada ante Homeland Security Investigations articula nueve estatutos federales estadounidenses bajo tres vías paralelas simultáneas de procesamiento. Vía criminal a través del Department of Justice y HSI: 18 U.S.C. § 1590 y § 1591 sobre tráfico de personas con agravantes por menores de edad involucrados; 18 U.S.C. § 1201 sobre secuestro internacional con extorsión documentada a familiares en territorio estadounidense; 18 U.S.C. § 1962 sobre Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, donde la operación familiar continua de más de diez años con predicados múltiples y nexo financiero repetitivo configura un caso textbook de RICO; y 8 U.S.C. § 1324 sobre alien smuggling agravado por participación de menores y resultado fatal en el caso del tráiler de Veracruz del 4 de febrero de 2022.
Vía financiera a través de Financial Crimes Enforcement Network: 18 U.S.C. § 1956 y § 1957 sobre lavado de dinero internacional con remesas originadas en Estados Unidos vía Western Union, ingresadas en Banco Azteca y Coppel en México, y consolidadas en bienes raíces en efectivo registrados a nombre de testaferros familiares; y 31 U.S.C. § 5324 sobre estructuración intencional para evadir reportes, donde el diseño deliberado de quinientos cobradores con tope de cinco mil dólares mensuales configura willful structuring documentado textualmente en testimonios.
Vía sancionatoria a través del Department of Treasury y la Office of Foreign Assets Control: Executive Order 14059 conocida como Kingpin Designation Act sobre tráfico significativo de fentanilo, donde la introducción de una tonelada en 2021 por José Vicente Uscanga Cueto y Juan José Palacios Maymon en sociedad con Cártel Jalisco Nueva Generación constituye predicado primario; y Executive Order 13818 conocida como Global Magnitsky Act sobre violaciones graves de derechos humanos por funcionarios extranjeros, donde el perfil de funcionarios activos de la Guardia Nacional cometiendo trata, secuestro, y homicidio configura exactamente el supuesto para el cual el estatuto fue diseñado.
VIIIRecomendación operativa
La denuncia consolidada propone a Homeland Security Investigations una secuencia operativa de detenciones simultáneas en cinco pasos diseñada para evitar alertas cruzadas dentro de la red y dentro del aparato de protección estatal mexicano. Paso uno, ejecución simultánea: Erika Lizbeth Uscanga Cueto, Juan José Palacios Maymon, José Vicente Uscanga Cueto, y Esperanza Cueto Migliolo en hora cero, ubicaciones simultáneas en Veracruz y Monterrey. Paso dos, a quince minutos posteriores: Miguel Ángel Vázquez, antes de que pueda alertar a los bodegueros regionales sobre los operativos en curso.
Paso tres, también a quince minutos posteriores en paralelo con paso dos: Arturo Ignacio Moreno Cantellán en Hacienda Sotavento, con aseguramiento simultáneo del taller, sus equipos, y la unidad USB que el operador siempre carga consigo conteniendo la base de datos completa de polleros y autoridades coludidas. Paso cuatro, a treinta minutos posteriores: José Roberto Rodríguez Roldán, comandante de la Policía Ministerial del Estado de Veracruz, antes de que el traslado de las detenciones anteriores al sistema ministerial active alertas en su red de protección.
Paso cinco, en paralelo con todos los anteriores: aseguramiento de propiedades a nombre de Arnulfo Palacios, Esperanza Cueto Migliolo y su esposo, y la empresa Comercializando El Norte 2019 SA de CV con RFC CND190705G27 y domicilio en Calle 12 número 1168, Fraccionamiento Geo Villas Los Pinos, Veracruz, código postal 91808. Aseguramiento de las cuatro unidades del fraccionamiento Torres JV y de las múltiples unidades del fraccionamiento Boca Towers en Boca del Río, todas adquiridas en efectivo durante el sexenio de López Obrador y registradas a nombre de familiares sin capacidad financiera comprobable.
Cierre
Esta investigación no es un reportaje de denuncia política. Es una denuncia institucional documental, presentada formalmente ante Homeland Security Investigations el segundo trimestre de 2026, articulando cada hecho con su soporte de expediente público mexicano, testimonio firmado, operativo federal documentado, o predicado legal estadounidense. La administración Sheinbaum hereda este pasivo institucional sin haberlo creado. Las decisiones operativas que ahora corresponden son de su jurisdicción soberana mexicana. Las decisiones de procesamiento federal estadounidense corresponden ya a la jurisdicción del gobierno de los Estados Unidos.